El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha cifrado este martes en un millar las condenas anuales que dictan los tribunales por delitos de fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social, y asegura que actualmente hay 6.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro.
Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena, lo que arroja un total de unas mil condenas cada año.
Sin embargo, más de 6.000 millones de euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro, en parte porque las liquidaciones administrativas no se efectúan hasta que concluye el proceso penal, lo que causa un gran perjuicio para las arcas públicas.
Gallardón ha recordado que el objetivo último de la reforma es hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece este tipo de conductas, dar efectividad a los mecanismos de cobro, impedir que un ciudadano pueda engañar a otro ciudadano y asegurar que tenemos los instrumentos precisos para hacer efectiva la solidaridad en el sostenimiento de los gastos públicos.
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